Washington consigue una sanción contra Siria

Por Gustavo Capdevila

HAVANA TIMES, 29 abril (IPS) — Estados Unidos obtuvo el dictamen que buscaba contra Siria en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero dejó en evidencia que se desentiende de abusos tanto o más graves que los endilgados a Damasco y que se han denunciado en países también árabes, como Bahrein y Yemen.

Brasil expuso claramente esa contradicción a pesar de que votó a favor de la resolución de condena a Siria presentada por Washington, que finalmente se impuso este viernes 29 por 26 votos afirmativos, nueve negativos, siete abstenciones y con la ausencia de cuatro delegaciones.

“No hemos escuchado del mismo promotor de la resolución, preocupación alguna por la situación en otros países”, dijo en tono enfático, después de la votación, la representante brasileña, embajadora Maria Farani Azêvedo.

El máximo órgano especializado de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) escuchó una evaluación del Observatorio Sirio de Derechos Humanos que estimó en 453 la cantidad de muertos causados por la violencia desatada en Siria en las últimas semanas de protestas contra el gobierno.

La alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, calculó que el número de heridos cuadruplica el de decesos.

La organización no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, sostuvo que las autoridades sirias han detenido a por lo menos 1.100 manifestantes que participaban de las protestas. Algunos de ellos han sido golpeados y torturados, afirmó.

En comparación, la acción represora de las autoridades yemenitas dejó, en el último mes, entre los manifestantes opositores, unos 300 muertos y unos 5.000 heridos, precisó a IPS el director del Centro de Instrucción e Información sobre Derechos Humanos de Yemen, Ezzedine Al-Asbahi.

El activista yemenita también fue crítico de la supuesta despreocupación internacional por la suerte de sus compatriotas que desfilan a diario en distintas ciudades reclamando reformas democráticas en su país.

Los yemenitas caen abatidos por dos factores, las balas gubernamentales y el silencio de la comunidad internacional, echó en cara Al-Asbahi.

La representante de Estados Unidos, embajadora Eileen Chamberlain, se defendió alegando que, en cada caso, Siria, Bahrein y Yemen, los hechos son diferentes. Los aspectos particulares de los acontecimientos en Siria de la última semana establecieron la diferencia.

“Estados Unidos se conmueve profundamente por la situación de los derechos humanos en Bahrein, en Yemen, a lo largo de Oriente Medio y de África del Norte, y estamos impresionados por esos casos. Hoy nos hemos enfocado en la situación en Siria”, justificó.

La resolución aprobada lamenta y condena las muertes en las protestas en Siria y declara seria preocupación por los denunciados asesinatos deliberados y por las torturas de manifestantes pacíficos.

El Consejo reclamó al gobierno sirio la liberación inmediata de los prisioneros de conciencia y de las personas detenidas arbitrariamente, incluidas aquellas encarceladas aun antes de los recientes episodios.

Damasco deberá iniciar una iniciar una investigación plausible e imparcial e incriminar a los responsables de los ataques contra los manifestantes pacíficos.

Sin perjuicio de eso, el Consejo encomienda a la Oficina de la Alta Comisionada el envío urgente de una misión a Siria para investigar las denuncias y establecer los hechos ocurridos con el propósito de impedir la impunidad.

La Oficina deberá presentar un informe preliminar a la próxima sesión del Consejo, en junio, y un informe de seguimiento en septiembre.

El representante de Siria, Faysal Khabbas Hamoui, rechazó los argumentos de la acusación, que calificó de prácticas del colonialismo.

“En Siria se produjeron manifestaciones pacíficas que reclamaban la introducción de reformas”, describió. En respuesta, el gobierno dictó los decretos exigidos, como la abolición de la Corte Suprema de Seguridad del Estado y la reglamentación de las manifestaciones pacíficas, dijo.

“A pesar de eso, un grupo de saboteadores y vándalos perpetró ataques sanguinarios”, relató el embajador Hamoui, quien también denunció la presencia de francotiradores que abrían fuego contra los manifestantes.

El delegado sirio observó que hasta último momento mostró disposición a aceptar una resolución del Consejo negociada con Estados Unidos. Sin embargo, la apertura siria y su espíritu positivo chocaron con la obstinación de Washington, que estaba decidido a transmitir al mundo un mensaje erróneo sobre la situación en Siria, sostuvo.

Las negociaciones mencionadas por el representante sirio existieron, al punto de que permitieron eliminar un punto de la declaración que incomodaba a Damasco. La oración excluida recordaba que los candidatos a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben superar un examen de su acatamiento a esos principios.

El gobierno de Siria aspira a integrar el Consejo, para lo cual necesitará el apoyo de los miembros de la Asamblea General de la ONU, en una votación secreta que se realizará el 20 de mayo en Nueva York.

Los países que se opusieron a la condena del gobierno sirio, Bangladesh, China, Cuba, Ecuador, Gabón, Malasia, Mauritania, Pakistán y Rusia, sostuvieron que la medida estaba preñada de politización, selectividad y sesgo ideológico.

El representante cubano, embajador Rodolfo Reyes Rodríguez, opinó que con resoluciones como la aprobada contra Siria se convierte al Consejo en un instrumento de las políticas militaristas de las potencias hegemónicas en crisis.

A favor de la condena votaron Argentina, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Chile, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Gran Bretaña, Guatemala, Hungría, Japón, Kirguistán, Maldivas y Mauricio.

A esa posición se sumaron México, Moldova, Noruega, Polonia, Senegal, Suiza, Uruguay y Zambia. Se abstuvieron Arabia Saudita, Camerún, Nigeria, Tailandia, Ucrania, Uganda y Yibuti. Se encontraban ausentes de la sala Angola, Bahrein, Jordania y Qatar.

El restante de los 47 miembros permanentes del Consejo, Libia, se encuentra suspendido a causa de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por Trípoli. La decisión fue adoptada por la Asamblea General el 2 marzo pasado, a solicitud del Consejo de Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra.


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